Monday 27 September 2021
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reliefweb - 13 days ago

Situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela - Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Hum (A/HRC/48/19) (Traducción No Oficial)

Country: Venezuela (Bolivarian Republic of) Source: UN Human Rights Council Please refer to the attached file. Resumen De conformidad con la resoluci n 45/2 del Consejo de Derechos Humanos, en el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalla los recientes acontecimientos en la situaci n de los derechos humanos, con especial atenci n a los derechos econ micos, sociales, culturales y ambientales, y a la asistencia t cnica en la Rep blica Bolivariana de Venezuela. I. Introducci n El presente informe se presenta en cumplimiento de la resoluci n 45/2 del Consejo de Derechos Humanos, en la cual el Consejo solicit a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preparara un informe exhaustivo sobre la situaci n de los derechos humanos en la Rep blica Bolivariana de Venezuela y lo presentara al Consejo en su 48 per odo de sesiones. El presente informe abarca el per odo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 20211 y ofrece una visi n general de la cooperaci n entre el Gobierno de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En informe tambi n est enfocado en los ltimos acontecimientos durante el per odo que abarca el informe relacionados con los derechos econ micos, sociales, culturales y ambientales y el nivel de implementaci n de las recomendaciones correspondientes de informes anteriores, identificando reas de futura cooperaci n. El informe se basa en informaci n recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso sobre la base de entrevistas con v ctimas y testigos, as como de reuniones con funcionarios del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consider informaci n y datos oficiales proporcionados por el Gobierno, incluyendo a trav s de un cuestionario enviado por el ACNUDH para los fines de este informe. Las conclusiones expuestas en el presente informe han sido documentadas y corroboradas en estricto cumplimiento de la metodolog a del ACNUDH. El ACNUDH actu con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de todas las fuentes y contrast la informaci n recopilada para verificar su validez. Solicit el consentimiento informado de las fuentes a las que entrevist y adopt todas las medidas apropiadas para proteger sus identidades y garantizar la confidencialidad. El ACNUDH evalu la informaci n que recopil a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de la legislaci n nacional pertinente. II. Derechos econ micos, sociales, culturales y ambientales La poblaci n de la Rep blica Bolivariana de Venezuela sigue enfrentando importantes desaf os relacionados con el disfrute de sus derechos econ micos y sociales, debido a las crisis sociales y econ micas multifactoriales preexistentes. El Gobierno ha promovido pol ticas sociales a trav s de programas econ micos y sociales dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de g sin embargo, persisten los desaf os en estas reas debido en parte, seg n se reporta, a la mala asignaci n de recursos, a la falta de mantenimiento de la infraestructura p blica y a la grave subinversi n en servicios esenciales. Las sanciones sectoriales y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado a n m s la escasez de recursos disponibles. Mientras identifica posibles reas de asistencia t cnica adiciona, este informe examina las medidas adoptadas por la Rep blica Bolivariana de Venezuela para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas en relaci n con la obligaci n de habr a aumentado durante la pandemia de COVID-19, aunque informaci n p blica detallada y verificable sobre las finanzas y el impacto de los programas no est disponible. realizaci n progresiva de los derechos econ micos y sociales, la obligaci n fundamental de garantizar la satisfacci n de niveles m nimos esenciales, la obligaci n de no discriminaci n e igualdad, la no regresi n y la obligaci n de utilizar el m ximo de sus recursos disponibles, que abarcan la asistencia y la cooperaci n internacionales. El informe tambi n eval a los retos generales relativos a la falta de informaci n p blica sobre los derechos econ micos, sociales, culturales y ambientales, claves para su realizaci n. Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones econ micas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas m s vulnerables.2 A pesar de excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales, seg n se reporta, ha agravado la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos, al tiempo que ha impuesto una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos donantes e instituciones financieras exigen informaci n financiera adicional detallada, desviando as las capacidades para trabajar eficazmente, en particular en las zonas rurales y remotas. La escasez de combustible afect negativamente en la producci n y distribuci n de alimentos, el transporte p blico, los servicios p blicos, la educaci n y el sector de la salud. El ACNUDH reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las medidas coercitivas unilaterales sectoriales en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la poblaci n, los cuales tambi n han sido reiterados por la Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. El ACNUDH est preocupado por los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de funcionarias y funcionarios p blicos, y de trabajadoras y trabajadores de sectores que dependen de la financiaci n p blica, en particular de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la educaci n y la salud. Por ejemplo, la Federaci n M dica Venezolana estim en agosto de 2020 que alrededor del 50 por ciento de m dicos y m dicas hab an salido del pa s, principalmente debido a la r pida disminuci n de sus ingresos reales. Seg n se reporta, en 2020, el salario mensual de enfermeros o enfermeras oscilaba entre dos y cinco d lares estadounidenses.3 La p rdida de profesionales m dicos tuvo un impacto directo en la capacidad del pa s para responder efectivamente a la pandemia de COVID-19. En 2019, 80 por ciento de los ingresos de los hogares depend a de transferencias monetarias del Gobierno, seg n cifras oficiales4. De esas transferencias, el 22 por ciento correspondi a electricidad, 21 por ciento a educaci n, 16 por ciento a los Comit s Locales de Abastecimiento y Producci n5, 15 por ciento a agua, 12 por ciento a otras transferencias monetarias Patria 6, y el 11 por ciento al programa de alimentaci n escolar7. Las transferencias monetarias est n indexadas al salario m nimo oficial, por lo tanto, son afectadas por los altos ndices de inflaci n de forma similar. La dependencia de las transferencias monetarias por parte del Gobierno habr a aumentado durante la pandemia de COVID-19, aunque informaci n p blica detallada y verificable sobre las finanzas y el impacto de los programas no est disponible. Seg n cifras oficiales, en 2020, el 56,1 por ciento de las personas con trabajo ten an un empleo formal. De estos, el an lisis de expertos8 indic que dos tercios trabajaban en el sector p blico, donde el ingreso mensual promedio oscil entre dos y cinco d lares estadunidenses.9 Para hacer frente a estos desaf os en los ltimos a os, el Gobierno ha aumentado el gasto social, sobre todo a trav s de transferencias monetarias directas. Informes indican que la pol tica salarial no era inclusiva, y que en ocasiones exclu a a miembros de sindicatos percibidos como cr ticos al Gobierno. Adicionalmente, el 1 de mayo de 2021, el Gobierno anunci un aumento del 289 por ciento del salario m nimo, de 1,8 millones de Bs. a 7 millones de Bs., equivalentes a 2,4 d lares estadunidenses en ese momento, sin indexar el salario m nimo mensual oficial a la inflaci n10, ni a la canasta b sica11. En 2021, el Gobierno inform de que segu a ofreciendo pensiones completas a m s de 4,5 millones de beneficiarios. Sin embargo, las pensiones mensuales tambi n fluctuaban entre dos y cinco d lares estadunidenses y no estaban indexadas a la inflaci n.12 11. El ACNUDH reconoce las medidas adoptadas para ampliar el acceso a los programas de asistencia social mediante la digitalizaci n de los servicios. El n mero de usuarios activos del carnet de la patria 13 habr a crecido a 21 millones hasta junio de 2021. Sin embargo, la reducci n de la cobertura de Internet y cortes de energ a el ctrica plantearon desaf os a los esfuerzos para garantizar la igualdad de acceso a las herramientas digitales, especialmente en zonas rurales y para personas de bajos ingresos. El ACNUDH sigui recibiendo informes de algunas personas a las que supuestamente se les deneg la asistencia alimentaria por motivos pol ticos, por criticar al Gobierno. El acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliaci n pol tica real o percibida, y la transparencia en los criterios utilizados para determinar la elegibilidad para los programas de protecci n social es esencial para evitar cualquier discriminaci n en la pr ctica. Las protestas relacionadas con los derechos econ micos, sociales, culturales y ambientales continuaron, principalmente para exigir el acceso a servicios b sicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos.14 Durante el per odo que abarca el informe, el ACNUDH document ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos , incluidos por lo menos una ejecuci n extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza.
De estos, el ACNUDH toma nota de las investigaciones abiertas en al menos dos casos de malos tratos y reitera la obligaci n de investigar de forma independiente todos estos incidentes y evitar que se repitan. El ACNUDH tambi n document detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relaci n con esas protestas. El ACNUDH reconoce el establecimiento de foros de di logo con los sindicatos en mayo de 2021 y recuerda el derecho de los sindicatos a funcionar libremente sin limitaciones excesivas y el derecho a unirse a la asociaci n de su propia elecci n. Sin embargo, el ACNUDH document la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de los funcionarios y las funcionarias p blicos, en particular desde la promulgaci n del Memorando 2792 del Ministerio de Trabajo en 2018, que permite efectivamente su revisi n unilateral por un rgano especial del Ministerio, incluso en lo que respecta a los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo. El ACNUDH est preocupado por la reportada falta de consultas inclusivas de todas las partes afectadas en cuestiones laborales, lo que plantea preocupaciones relacionadas con la independencia de los sindicatos y el pleno disfrute de los derechos de sus miembros.


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